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La práctica de la psicología forense en la evaluación de maltrato y abuso sexual infantil enfrenta múltiples desafíos éticos. Los evaluadores deben contrabalancear principios esenciales como la no-maleficencia y la justicia, priorizando el bienestar del menor mientras cumplen con los requerimientos judiciales. El principio de no-maleficencia obliga al profesional a evitar cualquier daño, pero la naturaleza de la evaluación puede poner en riesgo este compromiso cuando la búsqueda de la verdad entra en conflicto con la protección del menor.
Además, la aplicación del principio de justicia requiere que los psicólogos mantengan su imparcialidad, enfocándose en el deber de revelar la verdad sobre cualquier presunto abuso. Este enfoque debe ser manejado con cuidado, considerando que las aspiraciones de justicia a menudo implican la superación del interés personal del evaluador en favor de un juicio objetivo.
Garantizar la autonomía y el consentimiento informado de los participantes en evaluaciones forenses representa otro reto significativo. En el contexto de entrevistas con menores, es común la confusión sobre la naturaleza y las implicaciones del proceso judicial, tanto por parte de los niños como de sus responsables. Los evaluadores deben asegurarse de que todos comprendan completamente el propósito y las consecuencias potenciales de la evaluación.
Los profesionales deben utilizar un lenguaje adaptado al desarrollo cognitivo del menor para que pueda dar su consentimiento verdaderamente informado. Además, es crucial que los resultados de las evaluaciones sean comunicados primero a los menores y a sus cuidadores para garantizar transparencia y reducir malentendidos.
Los psicólogos forenses deben seguir un protocolo estricto para minimizar la victimización secundaria y mejorar la calidad y efectividad de las evaluaciones. Estas guías aseguran que el proceso sea tanto éticamente responsable como técnicamente sólido. Parte de este protocolo incluye limitar el número de entrevistas al mínimo necesario para evitar el estrés adicional al menor, utilizando técnicas de entrevista forense aceptadas y validadas que eviten la sugestión o la coerción.
Por ejemplo, el uso de entrevistas video-grabadas preconstituidas ha mostrado ser efectivo en mitigar la victimización adicional, mejorando al mismo tiempo la precisión de los resultados. Estas estrategias están respaldadas por leyes y políticas específicas, tanto en Chile como en España, que subrayan la importancia de proteger a las víctimas de abusos durante el proceso judicial.
En resumen, la psicología forense en el contexto de evaluación del abuso infantil debe centrarse en principios éticos sólidos y prácticas basadas en evidencias. Se debe primar el bienestar del menor, manejando con cuidado el equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la protección del evaluado. El desarrollo de guías prácticas y protocolos éticos incorporan estos principios para asegurar una práctica profesional que sea tanto efectiva como justa.
Para los profesionales en el campo, la implementación de métodos éticamente responsables es primordial. Se recomienda la constante revisión y actualización de protocolos que incluyan mecanismos para proteger a los menores en evaluaciones. Además, es esencial la preparación continua de los psicólogos forenses en técnicas de entrevista y análisis forense, enfatizando la imparcialidad y la integridad como cimientos de su práctica.
Estos elementos no solo ayudan a garantizar la precisión y la validez de los resultados; también fortalecen la defensa de los informes en un contexto judicial, preservando la confianza en el sistema legal para proteger a las víctimas menores de abuso.
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